El piropo callejero, los tocamientos aparentemente no pretendidos en el metro, las charlas acosadoras cuando estás de fiesta, las miradas lascivas o los seguimientos cuando vuelves sola a casa por la noche. Todos ellos pueden tener sus días contados o, al menos, pueden estar más cerca de ser penalizados.
Si hace unos días te hablábamos de la campaña #MeToo que se había extendido por Twitter y que había sido un altavoz para que las mujeres denunciasen los acosos que habían vivido, hoy volvemos a hablarte de una acción en contra de este comportamiento vejatorio contra nosotras. El gobierno francés de Macron se ha propuesto luchar contra el acoso y los abusos sexuales contra las mujeres.
Para ello, ha lanzado una gran encuesta ciudadana en la que podrán participar todos los franceses que lo deseen y que tiene como objetivo definir el texto legal en el que se enmarcarían estas formas de machismo. Desde este lunes y hasta el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, habrá diversos talleres por todo el país en el que los franceses podrán participar para visibilizar los diferentes tipos de acoso que sufren las mujeres.
Además, la Ministra de Justicia, Nicole Belloubet, ha propuesto un diálogo a algunos de los actores más relevantes de la sociedad como jueces o policías, con el fin de trabajar en una misma línea. Por otro lado, ha creado un grupo de trabajo parlamentario formado por cinco diputadas de diversas ideologías y que serán las encargadas de entregar un informe antes de fin de año en el que se pongan límites al acoso sexual en la calle y se propongan las diferentes formas de penalización.
© Paula Sifora
En otro orden de cosas, pero también con el fin de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria la secretaria de Estado para la Igualdad entre los hombres y las mujeres, Marlène Schiappa ha apuntado que las nuevas normas en las que se está trabajando pretenden actuar en dos frentes más. Por una parte, prolongar el periodo de prescripción de los delitos de violencia sexual contra menores de 20 a 30 años y, por otra, definir una edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales, algo que otros países europeos como España fija en 16 años.
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