Según informa el periódico El País, el Juzgado de Instrucción número 3 de Parla investiga un supuesto delito contra la seguridad en el trabajo de la oficina de Correos de la localidad hacia dos empleadas que sufrieron abortos mientras se encontraban desarrollando su trabajo. Ambas mujeres, que sufrieron la pérdida con apenas un año de diferencia, denunciaron ante la Fiscalía de Siniestralidad Laboral que sus jefes no accediesen a cambiar su puesto de trabajo de forma temporal para evitar las tareas de reparto y carga de peso que pudiesen causarles molestias.
Tal y como informa el diario generalista, las mujeres salieron a repartir el correo bajo la amenaza del jefe de unidad de que de no ser así, informarían a los superiores para que les aplicasen las sanciones correspondientes por incumplimiento de tales órdenes. La denuncia presentada por las trabajadoras señala a diez jefes de Correos que podrían ser imputados con penas de prisión de entre tres meses y seis años.
El fatal desenlace de estas dos empleadas es solo la punta del iceberg de una cuestión que lleva tiempo en el aire. Al menos otras cuatro empleadas de correos han interpuesto denuncias por casos similares en los últimos dos años. Todos estos problemas comenzaron tras la entrada en vigor en 2011 de un protocolo que, se supone, nació para proteger a las mujeres embarazadas. En la práctica, este protocolo de actuación no establece cambios en el trabajo de las empleadas hasta la semana 18 de gestación, según aclaran desde el sindicato CGT.
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Desde Correos afirman que sus medidas para proteger a las mujeres embarazadas cumplen las directrices de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Por su parte, las trabajadoras en estado de gestación subrayan que una mujer embarazada no puede seguir el ritmo que impone la empresa con las tareas de reparto, que muchas veces incluyen subir de forma repetitiva escaleras, o las labores de carga y descarga, perjudiciales para las futuras mamás.
