El verano es la época con más personas en la playa y algunas mujeres optan por hacer topless en días soleados, o incluso asistir a playas nudistas y disfrutar de la arena y el mar de la manera más natural, sin embargo esto es aprovechado por usuarios para tomar fotografías de las vacacionistas sin su consentimiento y con la intención de subirlas a sitios web en un contexto sexual, según los datos de la tecnológica RepScan. Esta empresa ha rastreado este tipo de fotografías en internet, y fue capaz de encontrar más de 300 sitios web en tan solo dos horas de búsqueda, que se enfocan en contenido de desnudos o semidesnudos de mujeres sin el permiso de las mismas.
Muchas de estas páginas que lucran con estas imágenes piden además a las personas afectadas una recompensa económica a cambio de retirarlas de sus sitios web. No obstante, gracias a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el uso y captación de imágenes de las personas sin permiso está prohibida en España, lo cual permite que las implicadas puedan denunciar dichas publicaciones de su cuerpo aunque hayan sido capturadas en espacios públicos, exigir que se retiren y que los delincuentes sean castigados.
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¿Cuáles son las excepciones de esta ley?
Existen excepciones pertinentes, como es el caso de las figuras públicas que pueden legalmente ser fotografiadas en lugares públicos siempre y cuando no haya desnudos, por lo cual no es extraño ver a menudo publicaciones con fotografías de famosos en la playa durante sus vacaciones. No obstante, si las publicaciones son de personas anónimas se convierte en una actividad ilegal, a menos que se tengan su consentimiento.
El abogado y CEO de RepScan Josep Coli se especializa en propiedad intelectual, quien explica que “captar la imagen de una persona anónima en la playa para su posterior difusión en un sitio web con una finalidad sexual, constituye una intromisión ilegítima de los derechos de la persona afectada”, agregando que su empresa ayuda en el proceso para ser llevado a juicio y colaborar con la Policía y Guardia Civil, llegando a tener una indemnización de entre 2,000 y 30,000 euros según la gravedad de las imágenes usadas.
