El pasado jueves, Vox defendió en el Parlamento andaluz una moción con la que pretendía introducir nuevas perspectivas en la legislación del aborto y la adopción de medidas que apoyasen a las familias como, por ejemplo, la financiación de "campañas en defensa de la vida". El partido pedía, además, que se desarrollase un plan para animar a las mujeres a continuar con su embarazo. En esta intervención, las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo fueron denominadas "abortorios", término que sirvió de detonante para que el resto de partidos no apoyasen las propuestas y Vox se quedase solo.
El PP andaluz introdujo una enmienda con la que proponía promover medidas de prevención y educación sexual. Ciudadanos, por su parte, propuso un añadido que subrayara el respeto a la legislación actual, que permite la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 primeras semanas de gestación siempre y cuando la mujer embarazada haya sido informada "sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y transcurran tres días desde esa información hasta la intervención, fomentando una adecuada educación afectivo sexual". Ninguna de las enmiendas fue aceptada por Vox por lo que, finalmente, la Cámara rechazó la iniciativa.
En su defensa, Manuel Gavira, representante de Vox en el Parlamento andaluz, ha explicado que con su propuesta no solo pretende "proteger el derecho a la vida", sino que es una medida con la que se busca hacer frente a un problema de natalidad. Ante esto, Inmaculada Nieto, portavoz adjunta de Adelante Andalucía, ha respondido que el aborto y los índices de baja natalidad no están correlacionados y ha condenado una vez más el uso del término "abortorio".
El 'derecho' de juzgar qué es correcto
Bloquean el acceso a las clínicas, amenazan a las mujeres y sus acompañantes y los abordan para que cambien su decisión. Estas son algunas de las acciones que grupos ultracatólicos llevan a cabo para "defender el derecho a la vida", según detalla un informe elaborado por varias organizaciones que quieren acabar con este acoso.
"No saben lo que llevan dentro", insiste Vox. Con ese pretexto Gádor Joya, diputada del partido en Madrid, acudía a las puertas de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo con una furgoneta equipada con un ecógrafo para "mostrarles la verdad a las mujeres". Fue ella misma quien lo reconoció en la comisión de Sanidad del pasado 5 de noviembre y asegura que se le oculta información a la mayoría de las mujeres que abortan. Y añadió: "La mayoría, cuando han recibido la información y han escuchado el latido del corazón, han decidido seguir adelante con su embarazo. Coaccionar a la mujer y tutelarla es procurar que no se entere de nada”.
Pero ¿cuál es el coste psicológico de todas esas mujeres a las que se convence de no abortar y, finalmente, no lo hacen? Mónica García, diputada de Más Madrid, intervino preguntando si la Consejería de Sanidad autoriza el uso de este tipo de vehículos privados y subrayó que el acoso a mujeres que acuden a estas clínicas no es nada nuevo. De hecho, son 62 organizaciones las que se han unido en la Plataforma Pro-Derechos clamando por que el acoso a las mujeres que deciden abortar y a las clínicas sea considerado delito. Esta Plataforma calculó que 8.000 personas han sido hostigadas desde 2010.
Cuestionar el aborto legal criminaliza a las mujeres que toman una decisión que ya de por sí es difícil y desoye las necesidades de muchas mujeres a las que aglutina en un mismo grupo: mujeres que se han quedado embarazadas por no tomar precauciones. Pero el aborto es una cuestión compleja y con aristas que no solamente se aborda con educación sexual y para la prevención. No se debe a cuestionar el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, independientemente de cuáles sean las circunstancias.
Reapertura de negociaciones para la legalización en Argentina
Alberto Fernández, nuevo presidente electo en Argentina que asumirá el cargo el próximo 10 de diciembre, ha anunciado que la legalización del aborto, que considera un tema de interés prioritario para la salud pública, será uno de sus primeros proyectos de ley para 2020. La legalización del aborto ya fue cuestión de debate parlamentario en Argentina el pasado año, y provocó que partidarios y detractores se echasen a las calles, los primeros abanderados con un pañuelo verde; los segundos, con uno celeste. Finalmente, la propuesta no llegó a término por el rechazo del Senado.
Aborto legal para construir una sociedad más justa
Coaccionar o asediar a las mujeres por la toma de una decisión personal significa juzgarlas faltas de conocimiento, inmaduras, inconscientes e incapaces de decidir sobre sus propios cuerpos y sus propias vidas. Criminalizar el aborto afecta y restringe derechos humanos y las empuja, en muchos países, a recurrir a métodos que ponen el peligro su vida y su salud. Así, se estima que cada año mueren entre 68.000 y 78.000 mujeres en todo el mundo como consecuencia de un aborto no regularizado.
Penalizarlo atenta contra una sociedad igualitaria y condena a las mujeres a vivir una vida que no quieren vivir. Las obliga a enfrentarse a unas dificultades y desventajas que afectan a su vida personal, económica y profesional, obstáculos a los que el hombre no tiene que enfrentarse. Por eso, ilegalizarlo atenta de forma directa contra el derecho a la no discriminación. El aborto legal debe ser un derecho al que todas las mujeres tengan acceso porque nos hace más libres.
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