Si eres una mujer, estás en Japón y vas a enfrentarte a una entrevista de trabajo, debes saber que es probable que tu jefe o superior te impida llevar gafas, y la única explicación está relacionado con los estándares de belleza nipones. Llevar gafas en Japón se ha convertido en un problema para las japonesas, algo que no ocurre con los hombres y a lo que el creciente movimiento feminista japonés ha respondido con la popularización del hashtag #GlassesBan en redes sociales. Con esta reivindicación, se exige que las empresas japonesas destierren esta anacrónica imposición machista.
Detrás de esta absurda prohibición solo hay una razón estética que dicta que las mujeres con gafas no se ajustan al llamado Yamato Nadeshiko, un término japonés que designa lo que para ellos es “una mujer ideal”.
El revuelo se desató después de la emisión de un reportaje en Nippon TV que informaba acerca de por qué las compañías exigían a las mujeres el uso de lentillas en lugar de gafas durante su horario laboral. Poco después, algunas empresas japonesas se justificaron alegando razones de seguridad laboral o incluso tratando de argumentar que las mujeres con gafas daban sensación de frialdad.
#KuToo, la respuesta de las japonesas a otras prohibiciones sexistas
La prohibición de llevar gafas no es la única imposición absurda a la que se tienen que ajustar las mujeres japonesas. A principios de este año se inició un movimiento en redes al que se unieron más de 100.000 mujeres que clamaban por la derogación de una ley que les obligaba a llevar tacones en el trabajo.
Fue la actriz y escritora Yuri Ishikawa quien inició la campaña online a la que bautizó como #KuToo (en japonés, kutsu significa zapatos, y kutsuu significa dolor) y que hace referencia a la revolución feminista #MeToo nacida como consecuencia del acoso sexual en Hollywood. El movimiento social fue seguido del lanzamiento de una petición de firmas en la plataforma Change.org por la derogación de esta ley. Hoy ya acumula más de 31.000 firmas. No se trata solo de una ley sexista y discriminatoria que perpetra la obligatoriedad de seguir unos cánones de belleza desfasados, sino que, además, no deja a las mujeres otra posibilidad que sufrir los efectos adversos del uso diario de tacones.
En vista de que la reivindicación se convirtió en un movimiento masivo, autoridades del gobierno nipón se dispusieron a investigar el porqué de este código de vestimenta. Sin embargo, finalmente, Takumi Nemoto, ministro japonés, concluyó que el uso de tacones en el trabajo era “necesario y razonable”.
Uno de los países con mayores desigualdades de género
Según los datos publicados en 2018 por el Índice Global de la Brecha de Género, Japón está en el puesto 110 de los 149 países que componen el ranking, un porcentaje del 66.2% en desigualdad, por debajo de India o Mauricio. Esta clasificación analiza indicadores como la participación en la economía por géneros, el acceso al mundo laboral cualificado, a la política y a la educación y, por último, la esperanza de vida. El país más igualitario es Islandia, que ocupa el puesto número uno del ranking con una brecha de género del 85.8%.
El primer ministro nipón, Shinzo Abe, planteó ya en 2012 un programa político con el que pretendía impulsar la recesiva economía japonesa y, con ello, conseguir que las mujeres japonesas llegaran “a brillar”. Una iniciativa de dudosa naturaleza si se tiene en cuenta que el propio Shinzo solo incluyó a una mujer en su gabinete de gobierno alegando que ella sola “tenía la presencia de dos o tres mujeres”. Y, en realidad, es precisamente eso lo que se precisa: la presencia de mujeres en altos cargos y puestos directivos.
Ambigüedad de la normativa en casos de abuso sexual y violencia institucional
Otro de los focos de terrible discriminación y machismo tiene que ver con los numerosos casos en los que agresores sexuales acusados de violación han sido absueltos. En ellos, la sentencia argumentaba que la violación había sido “no intencionada”, que hubo “falta de resistencia” por parte de la víctima o que no se podía probar que fuese “extremadamente difícil resistirse” al abuso.
En España se han repetido casos con características parecidas. En el proceso de La Manada, un caso de violación grupal a una chica en 2016 en Pamplona, el juez preguntó a la víctima fue reiteradamente si se opuso al violador o si mostró suficiente resistencia. Algo similar ocurrió con la sentencia a la que fue denominada La Manada de Manresa, otro caso de violación grupal en el municipio catalán, también en 2016. En ambos casos, el fallo juzgaba a los violadores de abuso absolviéndoles del delito de agresión sexual.
Estos fallos del sistema resultan en prácticas misóginas y machistas que eluden por completo la culpabilidad del agresor y castigan a la víctima. Vuelven a herirla de nuevo. Violadores, asesinos y agresores quedan impunes amparados por una normativa machista, una violencia institucional perpetra la idea de que la violencia machista no es grave, no existe y no tiene consecuencias. El sistema sigue fallando a las víctimas.
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