Una reforma que pretende prohibir el aborto en los casos de anomalías fetales graves, excepción actualmente amparada por la ley, respaldándose en un texto de la ONU que considera que la opción de abortar en casos de malformación del feto discrima a las personas discapacitadas.
Muchos expertos, desde ginecólogos hasta obstetras, han querido, por un lado, oponerse públicamente a dicha reforma y, por otro, concienciar a todos de las terribles consecuencias que este cambio en la ley provocará a todos los niveles: emocionales, psicológicos, sociales e, incluso, médicos. Para ello, han redactado un manifiesto en contra de la reforma exponiendo que, ya no se trata simplemente de un debate sobre la pérdida de derechos de la mujer o la imposición de una moral específica, sino que el asunto adquiere nuevas magnitudes ya que acarreará consigo un grave problema de salud pública.
La decisión de abortar en estos supuestos es ya de por sí muy dura para las mujeres puesto que, en la mayoría de estos casos, se trata de niños deseados. Con el cambio de ley, de acuerdo con los argumentos expuestos en el manifiesto de los profesionales, al dolor de esas mujeres se unirá ahora el desamparo legal. Y en muchos casos, se verán obligadas a acudir a otros países, como Francia, para poder interrumpir su embarazo. Algo que era muy habitual en España en las últimas décadas y que representa, por tanto, un claro retroceso social.
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