Y es que se trata de una medida que, de acuerdo con las informaciones aportadas por el propio Consejo, genera ciertas desigualdades en el acceso a los medicamentos en el territorio nacional.
Recordemos que la medida establece que por cada medicamento con receta habría que pagar, además del propio producto, un euro más. Los únicos exentos, de acuerdo con la normativa establecida hasta el momento, son los discapacitados, las personas afectadas por síndrome tóxico, jubilados con pensiones no contributivas, parados que hayan agotado el subsidio por desempleo y las personas que reciban la renta mínima de inserción.
El euro por receta es, en definitiva, una especie de "suplemento" que ya se paga en Cataluña desde junio y que iba a empezar a cobrarse también en Madrid a partir del próximo 1 de enero de 2013, tal y como comunicó el pasado mes de octubre el presidente madrileño Ignacio González. No obstante, después de estas declaraciones del Consejo de Estado, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha insistido en que el Gobierno tratará de llegar a un acuerdo con ambas comunidades autónomas y ha declarado que, si no lo consiguen, recurrirán la decisión al Constitucional.
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