Según los últimos datos de Naciones Unidas, la mitad de las niñas malauíes menores de 18 años están casadas. Una cifra alarmante, pues desde el 2015 los matrimonios infantiles son ilegales en Malaui, pero aún así se siguen produciendo. Los niños se puede casar bajo la cutomary law, por la cual solo se necesita el consentimiento paterno y el de los líderes tribales para que se lleve a cabo el matrimonio.
Por suerte, no todos los líderes son iguales. Theresa Kachindamoto, actual jefa del distrito de Dedza, uno de los veintisiete que forman el país africano, se ha convertido en una figura conocida y respetada por romper con estas leyes arcaicas. Con su política, ha conseguido anular 850 matrimonios infantiles y ha enviado a los menores de nuevo a la escuela, para que puedan continuar con su educación.
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Confiesa que ella nunca quiso llegar a ser la líder de las 900.000 personas que componen este distrito, pero que le ofrecieron el cargo porque "es buena con las personas". Desde entonces, las medidas que ha adoptado han cambiado las cifras y se han traducido en un cambio positivo para su región.
Si hay algo que Kachindamoto defiende es sin duda el derecho a la educación de las niñas. "Si reciben educación, pueden tener todo lo que quieran. Siempre hablo con los padres y les digo que si les ofrecen educación, podrán tenerlo todo en el futuro", explicó a Naciones Unidas esta líder, quien también ofrece y busca financiación para aquellas familias que no puedan costear los estudios de sus hijos.
Otra de las guerras en las que Kachindamoto batalla es en la prohibición de prácticas de iniciación sexual en niñas. Se trata de unos campamentos en los que se enseña a las menores, a veces a niñas de tan solo siete años, a complacer a los hombres. En estos campamentos, denunciados por la Comisión de Derechos Humanos de Malawi, se centran en enseñar a las niñas cómo tener sexo. Diferentes asociaciones de defensa de los derechos han reportado casos en los que las menores se someten a abusos sexuales por parte de líderes de la tribu. Una práctica aberrante que debe ser calificada como delito.
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