Este lunes se ha publicado en el diario ABC un comunicado por parte de Mónica García, secretaria de Sanidad: Próximamente, se cambiará la normativa que rige las intervenciones quirúrgicas de carácter estético con el fin de impedir el ejercicio profesional indebido y solo personal capacitado podrá llevar a cabo estos procedimientos.
La ministra ha manifestado ante los medios de comunicación presentes en el I Foro de Salud Pública, organizado por la Fundación para la Investigación en Salud, que estamos presenciando situaciones de invasión descarada en el ámbito profesional, y al final, quienes sufren las consecuencias son los pacientes. "Por tanto, también queremos poner límites a este asunto y que no todo médico pueda desempeñarse como especialista en estética", expresó en entrevista.
De este modo, surge esta iniciativa legislativa no vinculante conocida como Ley Sara, en referencia a Sara Gómez, quien perdió la vida hace dos años en Murcia por graves lesiones tras una lipoescultura fallida, practicada por un médico sin la especialidad debida. Mediante esta propuesta, se insta al gobierno a proteger a los pacientes en dicho ámbito, asegurándose de que todas las acciones sanitarias sean llevadas a cabo por profesionales de la medicina, debidamente acreditados por el ordenamiento jurídico vigente.
Se vela además por el cumplimiento integral del 14 de noviembre de la Ley 41/2002, norma básica que regula los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, así como la autonomía del paciente.
La Ley Sara resalta la importancia de establecer pautas comunes sobre la supervisión y observancia de la reglamentación, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en conjunto con las Comunidades Autónomas, en relación con los centros sanitarios que cuenten con el permiso de la unidad asistencial U.47 Cirugía Estética.
Igualmente, se solicita brindar a los pacientes datos sobre procedimientos que pueden llevar a cabo los especialistas en Cirugía Reparadora, Estética y Plástica, además de las capacidades de los practicantes, de acuerdo con las competencias del programa formativo oficial de su respectiva rama.
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También se exhortaba a enmendar el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el cual se acuerdan las bases universales sobre autorización de servicios y centros sanitarios, con el fin de fortalecer los artículos pertinentes de dicha normativa, para prevenir el ejercicio profesional indebido.
En resumidas cuentas, se solicitó al Ejecutivo a impulsar el Plan Nacional de Pseudoterapias, y velar por eliminar cualquier invasión del campo profesional con falsa ciencia que impacte en las diversas ramas de la medicina.
