El Defensor del pueblo ha solicitado al nuevo gobierno de coalición de PSOE Y Unidas Podemos que priorice la lucha contra la violencia machista y la convierta en una de sus máximas en esta legislatura. Esta petición está motivada por el repunte de asesinatos machistas de 2019: 55 mujeres fueron asesinadas frente a las 47 víctimas de 2018 y las 44 de 2017. Así, Fernández Marugan ha propuesto nuevas medidas y recomendaciones que sirvan para reforzar los sistemas de protección de mujeres víctimas de este tipo de violencia.
Si a principios de este mes Fernández Marugán instó al Gobierno a través de una carta a desarrollar un plan de seguimiento para las hijas e hijos de víctimas de violencia machista, ahora solicita que las medidas de protección se pongan en práctica "de manera urgente". En esta ocasión señala que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de diciembre de 2017, fue un "gran acierto", pero detecta fallos en el sistema VioGen, responsable de evaluar los riesgos potenciales a los que se enfrentan las víctimas. En concreto, apunta a que se precisa una herramienta específica que evalúe la situación a la que se enfrentan los niñas, niños y adolescentes hijos de mujeres víctimas de violencia machista.
Subraya que las Comunidades Autónomas no siguen todavía las mismas pautas de comunicación con las autoridades, ya que no todas las administraciones tienen las mismas obligaciones a la hora de alertar sobre los riesgos de las víctimas. Para abordar este problema, el Defensor del Pueblo propone que se elabore un protocolo común a todos los territorios en el que se requiera que los Centros de Encuentro Familiar emitan un informe sobre cada caso, sin excepción.
"Un maltratador nunca puede ser un buen padre", afirma Fernández Marugán, por lo que pide al Ministerio de Justicia que modifique y adapte los regímenes de visita a partir del momento en que exista una orden de protección de mujeres y menores afectados. Este endurecimiento de medidas también se deberá poner en práctica en los juicios rápidos, de manera que se pueda suspender de forma inmediata el régimen de visitas y se valoren con rapidez los riesgos que padecen los menores que conviven en el hogar donde se produce la violencia.
Fernández Marugán ha sugerido también recomendaciones al Observatorio contra la Violencia Domética y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Así, propone que la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se adapten enteramente a la situación actual y las necesidades de las víctimas. Por otro lado, insta a que nutra a la Policía Nacional con más medios materiales y humanos en las unidades de mujer y familia en los territorios que se requiera. Esto permitiría que las mujeres puedan con mayor prontitud la protección judicial.
A la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género la Institución le ha pedido que elabore un plan común de formación en materia de violencia machista y tratamiento de las víctimas. Por último, pide un protocolo al que las comunidades autónomas puedan recurrir cuando tengan que elaborar planes personalizados de intervención, es decir, planes que evalúen la situación familiar y que faciliten la intervención de psicólogos especializados, educadores y servicios sanitarios.
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